La razón de la fuerza y el fomento del derecho. Conflictos jurisdiccionales, ciudadanía armada y mediación estatal. (Tlaxcala, Bolivia, Norpatagonia, Siglo XIX). Madrid, CSIC, 2011 (en coautoría con Mirian Galante y María Argeri).

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La razón de la fuerza y el fomento del derecho. Conflictos jurisdiccionales, ciudadanía armada y mediación estatal. (Tlaxcala, Bolivia, Norpatagonia, Siglo XIX). Madrid, CSIC, 2011 (en coautoría con Mirian Galante y María Argeri).

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  CAPÍTULO 2PROCESIÓN REVOLUCIONARIA EN SEMANA SANTA.CIUDADANÍA ARMADA Y REPRESIÓN PENAL EN BOLIVIA, 1872-1875 * Marta I RUROZQUI  V ICTORIANO GEA-IH, CSIC Y puesto que el gobierno está basado en la fuerza material se hace preciso destruirlo por medio de la fuerza misma para devolver al país el ejercicio de sus libertades y reinado de las instituciones republicanas (19 de enero de 1875).  1 Entre septiembre de 1874 y marzo de 1875 tuvieron lugar seis mo-vimientos sediciosos contra la presidencia de Tomas Frías (1874-1876): una supuesta conspiración de Casimiro Corral en La Paz en septiembre de 1874; la sublevación del batallón Tercero o  Ballivián  en Cochabam- ba el 30 de noviembre de 1874; la insurrección cuartelaria en El Litoral el 16 de enero de 1875; la sublevación del batallón Segundo o  Los ver-des en La Paz el 23 de diciembre de 1874; la asonada del palacio que-mado en La Paz el 20 de marzo de 1875; y la rebelión de Cochabamba el 18 de enero de 1875 que concluyó con el asedio militar a esta ciudad durante la Semana Santa del 21 al 25 de marzo de 1875. La   Semana Magna de Cochabamba dio nombre a la última insurrección y constitu- * Este capítulo se inscribe en el Proyecto I+D HAR2010-17580. 1   A GUIRRE , 1875b, 84. La mayoría de folletos, hojas sueltas, proclamas y manifies-tos proceden de la colecciones de la Corte Electoral y del Archivo y Biblioteca Nacio-nales de Bolivia (ABNB).  90   MARTA IRUROZQUI VICTORIANO yó la síntesis política de todas las anteriores al unicar objetivos y de -mandas dispersas en un solo frente interregional y con un liderazgo colegiado. El desinterés historiográco mantenido hasta la fecha sobre estos acontecimientos contrasta con la cuantiosa literatura de folletines y  prensa a la que dieron lugar en la época, así como con los arduos deba-tes políticos que generaron sobre el modelo de Estado, las obligaciones  públicas del ciudadano o la impronta política de la ley. Con el objetivo de discutir tales temas, este capítulo se adentra en la trascendencia po-lítica que los episodios violentos mencionados tuvieron en el diseño estatal. Bajo el apelativo general de la Semana Magna  , ejemplicaron un caso de ciudadanía armada expresada a través de un hermanamiento entre el pueblo y los soldados, en el que los civiles estructuraron y die-ron trascendencia pública a una convulsión militar. Sin embargo, al contrario de lo sucedido en el episodio de las Matanzas de Yáñez  2  en 1862, el ejercicio de las armas por parte de la población no los conrmó como ciudadanos que gracias a la violencia preservaban la constitucio-nalidad en el país. Desde la presidencia, el uso popular de la fuerza no se interpretó como un acto revolucionario de salvaguarda constitucio-nal, sino como una sedición que ponía en riesgo la gobernabilidad de la República al exponerla a los desmanes de la guerra. A n de no malo -grar el proceso de institucionalización estatal se imponía el disciplina-miento gubernamental de aquellos que podían ejercer la violencia: el  pueblo en armas y el ejército. El recurso empleado para desmantelar su  potencial armado fue la ley. A través de su capacidad de regular las instituciones políticas del Estado  3  se trató de tipicar toda insurrec -ción como un delito ordinario y no político y de juzgar a los sediciosos  por el derecho penal y no por el derecho de gentes. Esa medida se juzgó inconstitucional por parte de los sublevados porque contradecía el es- píritu de la Constitución de 1861  4  que había abolido la pena de muerte en los delitos políticos para lograr la fusión o el hermanamiento de facciones. Además, no solo quedaban marginados de futuras amnistías, sino también convertidos en criminales por expresar su protesta ante una violación de la constitución y del régimen político que amparaba. Algo que veían ejemplicado en el hecho de que su oposición era sofo -cada por un gobierno civil cautivo del militarismo pretoriano y que usaba la ley para acabar con la potestad popular de recurrir a las armas 2  Además del clásico texto de R  ENE -M ORENO , 1954, véase la interpretación dada al suceso en I RUROZQUI , 2009, 137-158. 3   D UVERGER  , 1988. 4   T RIGO , 1958, 308-326.   PROCESIÓN REVOLUCIONARIA EN SEMANA SANTA... 91 ante un abuso de poder. Esto es, acusaban a la presidencia de Frías de un movimiento paradójico: buscaba desmilitarizar a la sociedad para garantizar su desarrollo, pero para desarmarla había provocado la inje-rencia del ejército en el gobierno y la sumisión de este al primero. Ante ello recurrían a la ciudadanía armada para reponer un verdadero régi- men civil. Como resultado, el proyecto de Frías para pacicar la vida  pública y criminalizar el recurso a la fuerza tuvo que enfrentarse a dos  preguntas deslegitimadoras: primera, ¿con ello se buscaba reconducir civilmente las disensiones políticas o tan solo se pretendía desarmar a la oposición?; y, segunda, ¿cómo garantizar la sumisión del ejército al gobierno si se le usaba para reducir el poder de la sociedad que sostenía un régimen representativo?Con el objetivo de estudiar a través del episodio de la Semana Magna la construcción legal de un equilibrio entre el principio de la soberanía popular y el principio de autoridad, este capítulo se divide en cuatro acápites. En el primero se trata de aclarar la noción de militari-zación de la política y de la vida pública. Para ello se ofrece un análisis de los conceptos y de las tipologías utilizados en el abordaje de la trama narrada: política de fusión; patriota y revolución; democracia pacíca y democracia armada; ciudadanía armada pretoriana o militarista y ciu-dadanía armada popular; o ciudadanía cívica y ciudadanía civil. Mien-tras en el segundo se contextualizan los acontecimientos a partir del dilema constitucional sobre la sucesión que srcinó la prematura muer-te del presidente Agustín Morales (1870-1872), en el tercero se narran los episodios sediciosos. El estudio del entramado revolucionario plan-teado en ambos acápites permite contradecir el tópico de los militares dominando el espacio público, ya que fueron los civiles los que lidera-ron los motines cuartelarios de los batallones militares y los que dieron cuerpo revolucionario a actos rebeldes inconexos. Finalmente, en el cuarto apartado se aborda el modo en que se usó la legislación y los  procesos judiciales para desmantelar, no tanto el principio, sino la prác-tica de la ciudadanía armada. La discusión en torno a cuándo era le-gítima una insurrección y cuándo posible su conversión en un delito ordinario conduce a plantear el valor de la ley como fuente de goberna- bilidad y como mecanismo de control partidista. El modo en que la violencia vinculada a la ciudadanía armada favoreció la aceptación co-lectiva y el asentamiento público de la ley constitucional y de los códi-gos anexos a ella como matriz institucionalizadora del Estado revela una operación doble y contradictoria respecto a la denición de las  potestades del pueblo en la concreción estatal. Por una parte, la violen-cia ejercida por la población fue necesaria para asentar la legitimidad gubernamental y denir las jurisdicciones de los tres poderes. Por otra,  92   MARTA IRUROZQUI VICTORIANO como esa misma violencia podía poner en peligro la gobernabilidad de la República se hizo necesario «desarmar al pueblo». Ello implicó no solo una transformación política y social del concepto revolución  —con su consiguiente deslegitimación y criminalización públicas—, sino también el asentamiento de las actividades de la «democracia pa- cíca» —elección, asociación, opinión y petición— frente a las de la «democracia armada» en la resolución de los conictos. A través de los cuatro apartados se busca complejizar las dicotomías militar/civil y violencia armada/ingobernabilidad a partir de una crítica de naturaleza historiográca. Se cuestiona la interpretación tradicional del caudillismo como «una especica práctica política asociada al uso militar, autoritario y antiestatal de la violencia política, protagonizada  por gobiernos personalistas basados en el liderazgo local, resultantes de la fragmentación del poder y responsables de la inestabilidad crónica del país». En contrapartida, se entiende como un fenómeno potenciador de lo estatal y una forma de lucha democrática entre facciones o parti-dos políticos en un contexto en el que el uso de las armas no solo no era  privilegio del ejército, sino que constituía una obligación civil. Por lo que bajo la noción de caudillismo se esconden procesos, unas veces  paralelos, y otras yuxtapuestos, de militarización y de pacicación de la  población y de la vida pública. Describe un contexto en el que la violen-cia política ayudaba a la vertebración del Estado y daba cuenta de su institucionalización aunque conllevara dosis de desgobierno e incerti-dumbre política.  5  Ante esta interpretación referida a regímenes repu- blicanos que desarrollaron experimentalmente el sistema representati-vo, como es el caso de los gobiernos bolivianos anteriores a la Guerra del Pacíco, se impone la pregunta de si resulta pertinente seguir usan -do la categoría de caudillo. Como este texto aboga por ver política y gobierno allí donde antes solo se veía desorden, no se va usar tal noción ni tratar a las primeras décadas de la historia boliviana como una prejui- ciosa excepcionalidad política. A n de sostener esta opción historiográ - ca, se busca, por un lado, mostrar la importancia de la movilización social armada tanto en la resignicación de lo público y en la construc -ción de la legalidad, como su actuación conjunta con actividades asam- blearias y asociativas; y, por otro, establecer la impronta de la violencia  política en el desarrollo y caracterización del principio sustentador del Estado-nación, la soberanía popular, y de los elementos constitutivos del mismo, el sistema de representación de dicha soberanía y el sujeto de la misma. 5   P ERALTA  e I RUROZQUI , 2000.   PROCESIÓN REVOLUCIONARIA EN SEMANA SANTA... 93 1. UNA PROCESIÓN DE CONCEPTOS PARA SEMANA SANTAEl srcen del entramado revolucionario formado por las seis sedi-ciones estuvo en las revueltas de cuartel acaecidas en La Paz, El Litoral y Cochabamba. Fueron protagonizadas por soldados de baja graduación que exigían la paga de salarios, mejores condiciones de manutención y trato o un mayor reconocimiento dentro del cuerpo militar. Su trascen-dencia política residió en que terminaron convirtiéndose en movimien-tos revolucionarios dirigidos por los líderes civiles a los que habían acu-dido para que actuaran de intermediarios en el proceso de negociación con el gobierno o a los que habían «dado vivas» como presidentes de la nación. El movimiento revolucionario conocido por la Semana Magna de Cochabamba surgió como consecuencia de una suma de motines mi-litares de carácter doméstico que fue capitalizada por gestores civiles a n de conseguir cambios gubernamentales. Pero esta acción de lideraz -go solo fue desplegada cuando estos fueron conscientes de que su inter-vención «de buena fe» había sido condenada por el gobierno de Frías. En vez de verla como una conducta patriota tendente a restablecer el orden vulnerado por los soldados, había sido asumida como una apro- piación de la autoridad gubernamental y, por tanto, como un acto sedi-cioso que debía ser castigado.Esta respuesta se tornó intolerable por tres razones de naturaleza  partidista. Primera, el Ejecutivo violaba su propia autorización de me-diación a los líderes locales al no esperar al resultado de las negociacio-nes y al desatender los escritos de petición a favor de los soldados que fueron enviados por la población. Segunda, dicha violación estuvo eje-cutada por el brazo armado del gobierno, el general Hilarión Daza, al que se acusaba no solo de dicultar el entendimiento de los mediadores con el presidente para lograr una resolución pacíca de los conictos, sino también de tratar a estos como delincuentes con el objetivo de apuntalar su propia posición en el gobierno y en el ejército. Y, tercera, las acusaciones al comportamiento unilateral de Frías y Daza se inscri- bían en una protesta política más amplia que venía denunciando desde la muerte de Morales la trasgresión gubernamental del principio de fu-sión desarrolla por José María Achá (1862-1866). Frente al ideal de «unanimidad, armonía o unidad civil» que para evitar el conicto entre  partidos planteaba la absorción de todos ellos en una síntesis superior que encarnaría lo exigido por el bien nacional, el de «fraternidad y tole-rancia recíproca de partidos» abogaba por la gestión de las disidencias  políticas a partir del reconocimiento por parte de las autoridades guber-namentales del derecho de los opositores a expresar públicamente pun-tos de vista divergentes e incluso un desacuerdo total, siempre y cuando
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