Cuadro comparativo del nuevo Reglamento de infracciones y sanciones de la Contraloría General

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Cuadro comparativo del nuevo “Reglamento de infracciones y sanciones para la determinación de la responsabilidad administrativa funcional derivada de los informes emitidos por los órganos del Sistema Nacional de Control”, aprobado por Resolución de Contraloría Nº 100-2018-CG

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  • 1. Luiggi V. Santy Cabrera 1 “Reglamento de infracciones y sanciones para la responsabilidad administrativa funcional derivada de los informes emitidos por los órganos del Sistema Nacional de Control” “Reglamento de infracciones y sanciones para la responsabilidad administrativa funcional derivada de los informes emitidos por los órganos del Sistema Nacional de Control” Aprobada por: Decreto Supremo Nº 023-2011-PCM Aprobada por Resolución de Contraloría Nº 100-2018-CG Actualmente derogado Periodo de vigencia: Del 06/04/11 al 05/04/2018 Actualmente vigente Periodo de vigencia: Desde el 06/04/2018 DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1º.- Objeto El presente Reglamento establece las disposiciones para el procesamiento y sanción de la responsabilidad administrativa funcional, describiendo y especificando las conductas constitutivas de infracción que se encuentran en el ámbito de la potestad reconocida a la Contraloría General de la República, por la Ley Nº 29622 – Ley que modifica la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y amplia las facultades en el proceso para sancionar en materia de responsabilidad administrativa funcional. Cuando en el presente Reglamento se mencionen los términos Contraloría General, Tribunal y Ley, se entenderán referidos a la Contraloría General de la República, al Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas y a la Ley Nº 27785, modificada por la Ley Nº 29622, respectivamente. Asimismo, cuando se mencione el término Informe, se entenderá referido a los Informes de Control emitidos por los órganos del Sistema Nacional de Control. DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1.- Objeto. El presente Reglamento establece las disposiciones para el procesamiento y sanción de la responsabilidad administrativa funcional, así como la conformación, atribuciones y funcionamiento de los órganos a cargo del procedimiento administrativo sancionador; describiendo y especificando las conductas constitutivas de infracción que se encuentran en el ámbito de la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República, prevista en el Subcapítulo II del Capítulo VII del Título III de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.
  • 2. Luiggi V. Santy Cabrera 2 Artículo 2º.- Ámbito objetivo de aplicación El presente Reglamento regula el procedimiento administrativo sancionador (en adelante, el procedimiento sancionador), aplicable por las infracciones graves y muy graves derivadas de los Informes de Control emitidos por los órganos del Sistema Nacional de Control, que impliquen el incumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo, las normas internas de las entidades, así como de todas aquellas obligaciones derivadas del ejercicio del cargo, conforme a lo dispuesto en el presente Reglamento. Artículo 3º.- Ámbito subjetivo de aplicación La potestad sancionadora de la Contraloría General en materia de responsabilidad administrativa funcional, se aplica sobre los servidores y funcionarios públicos a quienes se refiere la definición básica de la novena disposición final de la Ley Nº 27785, con prescindencia del vínculo laboral, contractual, estatutario, administrativo o civil del infractor y del régimen bajo el cual se encuentre, o la vigencia de dicho vínculo con las entidades señaladas en el artículo 3º de la Ley Nº 27785. No se encuentran comprendidas las personas que presten o han prestado servicios en las entidades privadas, entidades no gubernamentales y entidades internacionales, que perciben o administran recursos y bienes del Estado, a que hace referencia en el literal g) del artículo 3º de la Ley Nº 27785. Se encuentran excluidas las autoridades elegidas por votación popular, los titulares de los organismos constitucionalmente autónomos y las autoridades que cuentan con la prerrogativa del antejuicio político, cuya responsabilidad administrativo funcional se sujeta a los procedimientos establecidos en cada caso. Artículo 2.- Ámbito objetivo y subjetivo de aplicación de la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República 2.1 El presente Reglamento describe y especifica las conductas constitutivas de infracciones graves o muy graves por responsabilidad administrativa funcional derivadas de los Informes emitidos por los órganos del Sistema Nacional de Control y regula el procedimiento administrativo sancionador aplicable por la comisión de dichas infracciones. 2.2 La potestad sancionadora de la Contraloría General de la República se aplica sobre los servidores y funcionarios públicos a quienes se refiere la definición básica de la novena disposición final de la Ley Nº 27785, con prescindencia del vínculo laboral, contractual, estatutario, administrativo o civil del infractor y del régimen bajo el cual se encuentre, o de la vigencia de dicho vínculo con las entidades señaladas en el artículo 3 de la antes mencionada Ley. No se encuentran comprendidas en dicha potestad sancionadora, las personas que presten o han prestado servicios en las entidades privadas, entidades no gubernamentales y entidades internacionales, que perciben o administran recursos y bienes del Estado, a que hace referencia el literal g) del artículo 3 de la Ley Nº 27785. 2.3 Se encuentran exceptuados de la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República, en materia de responsabilidad administrativa funcional, los titulares de los organismos constitucionalmente autónomos y las autoridades que cuentan con la prerrogativa del antejuicio político señaladas en el artículo 99 de la Constitución Política del Perú, cuya responsabilidad administrativa funcional se sujeta a los procedimientos establecidos para cada caso. Esta excepción es únicamente por los hechos cometidos en ejercicio de sus funciones en los referidos cargos. Artículo 3.- Siglas y definiciones En adelante, para fines del presente Reglamento, se hace uso de las siguientes siglas y definiciones: Administrado: Servidor o funcionario público a que se refiere la definición básica de la novena disposición final de la Ley Nº 27785, con prescindencia del vínculo laboral, contractual, estatutario, administrativo o civil y del régimen bajo el cual se encuentre, o la vigencia de dicho vínculo con las entidades señaladas en el artículo 3 de la Ley Nº 27785, salvo las indicadas en su literal g), que se encuentra o estuvo comprendido en el procedimiento administrativo sancionador por responsabilidad administrativa funcional. Contraloría: Contraloría General de la República. Entidad: Entidad bajo el ámbito del Sistema Nacional de Control. GRES: Gerencia de Responsabilidades o unidad orgánica que haga sus veces en la Contraloría General de la República. Informe: Es el Informe de Control a que se refiere la Ley Nº 27785, emitido por los órganos del Sistema Nacional de Control, en que se
  • 3. Luiggi V. Santy Cabrera 3 señala la presunta responsabilidad administrativa funcional, resultante de cualquier servicio de control efectuado en el marco de las Normas Generales de Control Gubernamental, o de una acción de control realizada en el marco de la Normas de Auditoría Gubernamental. Ley: Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y sus modificatorias. TUO de la LPAG: Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS. Observaciones remitidas al procedimiento sancionador: Observaciones en que se señala la presunta responsabilidad administrativa funcional, en relación a las cuales se ha recomendado la remisión del Informe al Órgano Instructor, para el inicio de procedimiento sancionador. OCI: Órgano(s) de Control Institucional, equivalente al término “Órgano de Auditoría Interna” que señala la Ley Nº 27785. Potestad sancionadora: Potestad sancionadora por responsabilidad administrativa funcional conferida a la Contraloría General de la República. Procedimiento sancionador: Procedimiento administrativo sancionador por responsabilidad administrativa funcional, a cargo de la Contraloría General de la República. Reglamento: Reglamento de infracciones y sanciones para la determinación de la responsabilidad administrativa funcional derivada de los informes emitidos por los órganos del Sistema Nacional de Control. Sistema: Sistema Nacional de Control. Tribunal Superior: Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas. Unidad orgánica que elaboró el Informe: Es el órgano o unidad orgánica a cargo o responsable del servicio de control efectuado en el marco de las Normas Generales de Control Gubernamental, o de una acción de control realizada en el marco de la Normas de Auditoría Gubernamental. Artículo 4º.- Principios La potestad sancionadora por responsabilidad administrativa funcional se sujeta a los principios contenidos en el artículo 230º de la Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley Nº 27444, así como los demás principios del derecho administrativo y principios del control gubernamental previstos en el artículo 9º de la Ley Nº 27785, en lo que fuere aplicable. En el ámbito de los indicados principios, se entiende que: 4.1 El derecho de defensa comprende, entre otros derechos y garantías, el derecho a ser notificado y participar del procedimiento sancionador a través de la presentación de escritos, descargos, recursos, pruebas, así como ser asesorado por abogado. 4.2 El principio de conducta procedimental comprende la buena fe procesal que deben mantener las partes en tanto dure el procedimiento sancionador, lo que resulta aplicable tanto para las autoridades, el administrado, los abogados y los auditores. Artículo 4.- Principios 4.1 La potestad sancionadora de la Contraloría se sujeta a los principios contenidos en el artículo 246 del TUO de la LPAG, entre los que se consideran a los siguientes: 1. Legalidad La potestad sancionadora comprende el ejercicio de las facultades establecidas para determinar las infracciones graves o muy graves por responsabilidad administrativa funcional derivadas de los Informes, respecto de los hechos y personas comprendidos en las observaciones remitidas al procedimiento sancionador, así como, la facultad para la imposición de las sanciones establecidas en la Ley y especificadas en el presente Reglamento. 2. Tipicidad En el ámbito de la potestad sancionadora, solo las conductas previstas en la Ley y descritas y especificadas en el presente Reglamento, constituyen infracciones graves y muy graves. Asimismo, solo pueden ser aplicadas las sanciones por responsabilidad administrativa
  • 4. Luiggi V. Santy Cabrera 4 funcional establecidas en dichas normas. En aplicación del principio de tipicidad, en el procedimiento sancionador se requiere la adecuación entre el hecho imputado o comprobado y la infracción descrita en la Ley y especificada en el presente Reglamento, no admitiéndose interpretaciones extensivas o aplicaciones por analogía en contra del administrado. 3. Debido procedimiento El administrado goza de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento, que comprende, entre otros, la comunicación previa y suficiente de los cargos, así como, el derecho de defensa, de ofrecer y producir pruebas, de acceso permanente al expediente del procedimiento en el que participa como administrado y de obtener una decisión motivada, fundada en derecho y ajustada a los hechos. Asimismo, la estructura y componentes del procedimiento sancionador aseguran que el administrado sea debidamente notificado conforme al presente Reglamento, salvo aquellos actos o actuaciones de mero trámite. No se pueden imponer sanciones sin que previamente se haya seguido el procedimiento sancionador. 4. Razonabilidad Las decisiones de los órganos que conducen el procedimiento sancionador mantienen la debida proporción entre el interés público que deba cautelarse y los medios a emplear, asegurando que estos últimos respondan a criterios de necesidad y proporcionalidad. Cuando las decisiones comprendan la imposición de sanciones, los órganos del procedimiento sancionador deben asegurarse que la comisión de la infracción no resulte más beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas o asumir la sanción. Además, verifican que la sanción sea la necesaria en relación al grado de perturbación generada en el ejercicio de la función o servicio público y cautelan la proporción entre la sanción impuesta y la gravedad del hecho cometido. Para la graduación de la sanción se debe evaluar: a) La gravedad de la infracción cometida, considerando el daño al interés público o al bien jurídico protegido. b) La existencia de intencionalidad en la comisión de la infracción. c) El perjuicio causado o efecto dañino producido por la infracción. d) El beneficio ilícito resultante de la comisión de la infracción. e) La reiteración o reincidencia en la comisión de la infracción. f) Las circunstancias de la comisión de la infracción. g) La concurrencia de infracciones. h) El grado de participación en el hecho imputado. 5. Culpabilidad La responsabilidad administrativa funcional en el ámbito de la potestad sancionadora, recae en el funcionario o servidor público que, debiendo y pudiendo actuar de manera diferente, realizó la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción grave o muy grave. No se puede determinar responsabilidad o imponer sanciones por acciones u omisiones que no sean directamente atribuibles a la persona. Para la determinación de responsabilidad se requiere de la existencia de dolo o culpa. Se exceptúan los casos en que, conforme a lo señalado en el TUO de la LPAG, corresponda atribuir responsabilidad objetiva, de acuerdo al presente Reglamento.
  • 5. Luiggi V. Santy Cabrera 5 6. Verdad material Los órganos que participan en el procedimiento sancionador verifican razonablemente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual, adicionalmente al Informe y cuando sea necesario, adoptan las medidas pertinentes, aun cuando no hubieran sido propuestas por el administrado. Los hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad, formalizados en documentos públicos que cumplan con los requisitos legales, tienen valor probatorio para el procedimiento sancionador, sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de sus derechos o intereses, pueda señalar o aportar el administrado. 7. Congruencia Las decisiones de los órganos deben guardar correlación con los hechos imputados y su calificación como infracciones graves o muy graves. En el curso de la fase instructiva del procedimiento sancionador se puede modificar la calificación de los hechos imputados, siempre que se otorgue al administrado la oportunidad de ejercer su derecho de defensa. 8. Celeridad En el procedimiento sancionador se evitan actuaciones que dificulten su desenvolvimiento o constituyan meros formalismos, en procura de proveer la máxima dinámica al mismo, ponderando los criterios de economía procesal, eficiencia y eficacia, para alcanzar una decisión en los plazos previstos, haciendo uso razonable de los recursos, respetando en todo momento el debido procedimiento. 9. Conducta procedimental Los órganos que conducen el procedimiento sancionador, el administrado, los abogados y todos aquellos que participan en aquel, deben actuar conforme a los principios de buena fe procesal, respeto mutuo y colaboración para el logro de las finalidades del procedimiento. Ninguna disposición del procedimiento sancionador puede interpretarse de manera que ampare conductas que lesionen la buena fe procesal o constituyan ejercicio abusivo de un derecho, cualquiera que sea éste. Las autoridades a cargo del procedimiento sancionador toman en cuenta la conducta procedimental seguida por el administrado, sus representantes o sus abogados, a fin de disponer las medidas que resulten aplicables para reprimir la vulneración de este principio, en particular cuando: a) Se interpone un recurso de apelación o se promueve algún procedimiento de competencia de la Contraloría, carente de fundamento jurídico evidente o contraviniendo los precedentes de observancia obligatoria establecidos por el Tribunal Superior. b) Se emplean indebidamente los mecanismos regulados en el procedimiento sancionador con la intención de dilatar su desarrollo o resolución final, así como obstaculizar la ejecución de las medidas impuestas. c) Se presenta ante cualquier órgano a cargo del procedimiento sancionador, información falsa, inexacta o que haya sido obtenida ilícitamente, sin menoscabo de las acciones legales que correspondan.
  • 6. Luiggi V. Santy Cabrera 6 10. Igualdad Los órganos del procedimiento sancionador actúan sin ninguna clase de discriminación o preferencia entre los administrados, otorgándoles tratamiento igualitario, actuando en función del ordenamiento jurídico y el interés general. La proscripción de la discriminación no descarta un tratamiento diferenciado o excepcional, por razones objetivas. 11. Imparcialidad Los órganos del procedimiento sancionador no tienen ningún tipo de compromiso o prejuicio hacia la materia o administrados comprendidos en dicho procedimiento. En caso contrario, se abstienen conforme a las causales establecidas legalmente. Asimismo, la estructura del procedimiento ofrece las suficientes garantías a los administrados para desterrar cualquier duda razonable sobre la actuación de los órganos del procedimiento sancionador. 12. Impulso de oficio El procedimiento sancionador es iniciado, dirigido e impulsado de oficio, debiéndose ordenar la realización o la práctica de las actuaciones que razonablemente sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos investigados o para el oportuno trámite del procedimiento sancionador. 13. Intimación La comunicación de los cargos imputados al administrado debe ser oportuna, expresa, clara, integral y suficiente, para permitir que ejerza plenamente su derecho de defensa, y pueda alegar y probar su versión de los hechos. 14. Irretroactividad En el procedimiento sancionador se aplican las infracciones y sanciones vigentes al momento de la comisión del hecho o su culminación, salvo la retroactividad benigna. La retroactividad benigna procede cuando la aplicación de las nuevas infracciones y sanciones sea más favorable a la persona que incurrió en un hecho considerado como infracción o que se encuentre cumpliendo una sanción. 15. Non bis in idem No se puede imponer, sucesiva o simultáneamente, dos o más sanciones administrativas, cuando se aprecie identidad de persona, hecho y fundamento. Tampoco es posible procesar dos veces a la misma persona, por un mismo hecho y por el mismo fundamento. El procesamiento y la sanción de la responsabilidad administrativa funcional son independientes de los procesos y sanciones por responsabilidad penal, civil o responsabilidad de cualquier otra naturaleza, que pudiera establecerse por los mismos hechos y respecto a la misma persona, siempre que los bienes jurídicos o intereses protegidos sean diferentes. 16. Presunción de licitud En el procedimiento sancionador se presume que el administrado ha actuado conforme a sus atribuciones, obligaciones, competencias y otros elementos relacionados al desempeño de la función, salvo prueba en contrario.
  • 7. Luiggi V. Santy Cabrera 7 Por tanto, en el procedimiento sancionador: a) El pronunciamiento sobre la existencia de infracción por responsabilidad administrativa funcional y la imposición de sanciones requieren el aporte de prueba de cargo suficiente. b) La prueba debe obtenerse con respeto a los derechos fundamentales del administrado y ser actuada conforme a las garantías aplicables en el procedimiento sancionador, que comprenden, entre otros, el derecho de contradicción en la oportunidad prevista. c) La carga de la prueba recae en los órganos encargados del procedimiento sancionador, comprendiendo, entre otro
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