¿Somos los españoles punitivos?

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Criminal Policy in Spain seems to fit well with what has been called elsewhere as the “Punitive Turn”. Such developments in Criminal Policy have been explained, at least partially, as a response to social demands of being tough on crime. But it is

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  REVISTA PARA ELWWW. INDRET.COM  ANÁLISIS DEL DERECHO InDret   ¿Somos los españoles punitivos?:  Actitudes punitivas y reforma penal en España   Daniel Varona Gómez Universitat de Girona BARCELONA, FEBRERO 2009  InDret 1/2009 Daniel Varona Gómez   Abstract  *   El estado actual de la política criminal española, que podría caracterizarse como expansionista o crecientemente punitiva, parece querer explicarse por el propio legislador y en la literatura penal, al menos en parte, apelando a la demanda social en tal sentido. Sin embargo, cabe preguntarse de dónde se extrae esa visión de la ciudadanía actual como crecientemente punitiva. En este trabajo se defiende que los fenómenos o fuentes de datos que en ocasiones se presentan como demostrativos de tal actitud  punitiva ciudadana, analizados adecuadamente, no permiten tal deducción (al menos no sin matices importantes). Adicionalmente, tenemos acceso a otras fuentes de información que nos enseñan un  panorama muy diferente de las actitudes ciudadanas (en particular las preguntas sobre los llamados “casos-escenario”), que en absoluto casa con la imagen punitiva que en ocasiones se transmite. Criminal Policy in Spain seems to fit well with what has been called elsewhere as the “Punitive Turn”. Such developments in Criminal Policy have been explained, at least partially, as a response to social demands of being tough on crime. But it is far from clear if the population is as punitive as supposed. In this paper different sources of date concerning punitive attitudes are analyzed and it is submitted that these data do not allow presenting, at least without substantial qualification, Spanish citizens as punitive. Der gegenwärtige Zustand der spanischen Kriminalpolitik, die sich als expansionistisch oder allmählich punitivistischer kennzeichnen lässt, wird anscheinend von dem Gesetzgeber und der Literatur wenigstens teilweise dadurch erklärt, dass eine soziale Nachfrage in diesem Sinne besteht. Trotzdem lässt sich fragen, woher diese Sichtweise der Bürger als immer punitivistischer kommt. Dieser Beitrag vertritt, dass Erscheinungen oder Datenquellen, die als Zeichen dieser  punitivistischer Haltung dargestellt werden, eine solche Schlussfolgerung nicht (wenigstens nicht ohne erhebliche Nuancen) zulassen, wenn sie richtig analysiert werden. Ferner hat man Zugang zu anderen Informationsquellen, die ein ganz anderes Bild der Haltungen der Bürger (insbesondere die Fragen über “Szenerie-Fälle”) zeigen, das mit dem manchmal vermittelten punitivistischen Bild nichts zu tun haben. Title:  Are we the Spaniards so punitive? Punitive Attitudes and Criminal Policy in Spain. Titel: Sind wir punitivistisch? Punitivistische Haltungen und Strafrechtsreform in Spanien. Palabras clave: Actitudes punitivas, populismo penal, política criminal. Keywords:  Attitudes to Punishment, Penal Populism, Criminal Policy. Stichwörter: Punitivistische Haltungen, populistisches Strafrecht, Kriminalpolitik.   *  Este trabajo se inscribe en el proyecto de investigación financiando por el Ministerio de Ciencia e Innovación (DER2008-05041/JURI) “Políticas de reinserción en el ámbito penal”. Agradezco a Josep Cid y a Elena Larrauri los comentarios realizados al presente trabajo. 2  InDret 1/2009 Daniel Varona Gómez 3 Sumario 1. El contexto: la opinión pública como “motor” de la política criminal actual   2. Opinión pública y justicia penal en el contexto comparado: resultados fundamentales   3. Opinión pública y justicia penal en España: ¿qué sabemos de las actitudes punitivas de nuestros ciudadanos?   3.1. Malas fuentes de datos sobre actitudes punitivas   a)   Expresiones o manifestaciones espontáneas de “furor punitivo” ciudadano   b)   El uso de “preguntas-trampa”   c)   La utilización de encuestas sobre preocupaciones sociales   3.2. Otras fuentes de datos   a)   Preguntas sobre las causas de la delincuencia   b)   Preguntas sobre “riesgos-relativos”   c)   Preguntas sobre “casos-escenario”: haga Ud. de Juez   4. Reflexiones finales   5. Bibliografía    InDret 1/2009 Daniel Varona Gómez  1.    El contexto: la opinión pública como “motor” de la política criminal actual La investigación sobre la opinión pública relativa al sistema de justicia penal, aun no siendo ciertamente un tópico totalmente nuevo, parece haberse convertido en uno de los temas actuales de la Criminología del siglo XXI 2 . Ello tiene que ver probablemente con el estado actual de la política criminal en los países occidentales, caracterizada por expresiones ya célebres como “la expansión del derecho penal” 3 , “la cultura del control” 4  o “el populismo punitivo” 5 . Se señala, en suma, que la actual deriva del Derecho penal hacia un sistema cada vez más comprensivo (de acciones) e intenso (en cuanto a la severidad de las reacciones penales) encontraría una de sus explicaciones básicas en las demandas ciudadanas en esta dirección, resumidas en el popular eslogan de “mano dura” contra el delito. Nuestro país parece un buen ejemplo de la mencionada evolución de la política criminal, ya que tanto en el discurso legislativo como en el de carácter doctrinal parece aceptarse que, efectivamente, las recientes reformas penales que de una u otra manera intensifican la reacción penal deben explicarse (al menos en parte) como fruto de las demandas de la ciudadanía en tal sentido. Así, respecto a la actitud de nuestro legislador, un primer ejemplo lo podemos encontrar ya en las reformas penales llevadas a cabo en el  prolífico  año 2003. En primer lugar, en la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 7/2003, de 30 de junio, de nombre ya bastante explícito sobre el nuevo clima penal (“de medidas para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas”), se justifica esta ley apelando a que “la sociedad demanda una protección más eficaz frente a las formas de delincuencia más graves [...]”. Y, en segundo lugar, en la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 15/2003, que como es sabido supuso una reforma importante del Código Penal, se justifica dicha reforma apelando a la necesidad de “[…] adaptación de los tipos ya existentes y la introducción de nuevas figuras delictivas […] de acuerdo con las más acuciantes preocupaciones sociales , con el fin de conseguir que el ordenamiento penal dé una respuesta efectiva a la realidad delictiva actual” 6 . Otro ejemplo si cabe aún más claro puede encontrarse de hecho en la última (por ahora) reforma del Código Penal: la llevada a cabo mediante la Ley Orgánica 15/2007 en materia de delitos de tráfico. En realidad, en la Exposición de Motivos de esta ley no existe una apelación directa a la opinión pública o a las demandas sociales como srcen de la reforma, pero si acudimos a las actas del Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados que recogen las discusiones parlamentarias sobre la ley podemos observar con muchísima claridad dicha explicación de la reforma: 2  Julian V. R OBERTS  y Mike H OUGH  ( Understanding public attitudes to criminal justice , 2005,  passim ) hablan de un “aumento muy importante del volumen de investigación sobre las actitudes ciudadanas hacia el sistema penal” a partir del comienzo de los años 90 del siglo pasado. 3  Véase S ILVA S ÁNCHEZ , La expansión del derecho penal. Aspectos de la política criminal en las sociedades  postindustriales , 2ª ed., 2001,  passim . 4  Veáse G ARLAND , The Culture of Control , 2001,  passim . 5  Véase B OTTOMS , en C LARKSON /M ORGAN  (eds.), The Politics of Sentencing Reform , 1995, pp. 17-50. 6  Énfasis añadido por el autor. 4  InDret 1/2009 Daniel Varona Gómez  “[…] debemos atender a la demanda social de protección de la inmensa mayoría de conductores cumplidores de normas y también a la alarma social que provocan hechos de los que se derivan consecuencias desastrosas para la vida y la integridad física de miles de personas sin que hasta ahora la justicia haya podido realizar plenamente su función reparadora y punitiva debido al tratamiento inconcreto que conductas antisociales en el uso de la velocidad y el consumo de alcohol tienen en este momento en nuestro Código Penal. […] no son solo las víctimas de los accidentes de tráfico quienes claman contra la «ley de la selva» que algunos parecen defender, es también la inmensa mayoría de la sociedad quien lo demanda. Según conocidas encuestas realizadas en nuestro país, […] el 72 por cierto de los ciudadanos aprueba que tenga consideración de delito superar en más del doble los límites de alcohol permitidos… […] Se trata, señorías, de una respuesta democrática a la demanda social …” 7 . La frase final no puede ser más ilustrativa: la reforma penal es simplemente una “respuesta democrática” a una demanda social. La opinión pública se convierte así (a ojos del legislador) en el verdadero “motor” de la política criminal actual 8 . También la doctrina penal parece sumarse a esta contemplación de la opinión pública, y, más concretamente, de la nueva actitud punitiva de la ciudadanía como uno de los factores básicos que explicarían la deriva de la actual política criminal. Así por ejemplo, G IMBERNAT , en el prólogo a la novena edición del Código Penal de una conocida editorial (Tecnos), en el que se ocupa precisamente de las reformas del año 2003, finaliza su comentario aludiendo a que “hace ya unos cuantos años que en los países democráticos –no sólo en España– los políticos descubrieron que en el Derecho Penal –más precisamente: que en el endurecimiento  del Derecho Penal– había una gran cantera de votos. Corren malos tiempos” 9 . Y otro ilustre penalista, M IR P UIG , refiriéndose a la reforma del Código Penal en materia de seguridad vial (Ley Orgánica 15/2007) escribe lo siguiente: “La mayor parte de la doctrina penal ve con recelo, cuando no con abierto rechazo, la actual tendencia a la «mano dura» que predomina en la actualidad. Ello no se corresponde generalmente con la actitud más extendida de la población, que sí suele manifestarse favorable al endurecimiento del Derecho penal. Esta actitud se basa en la suposición de que la elevación del rigor penal ha de tener efectos inmediatos y significativos en la evitación de delitos, y también en la percepción de que los delincuentes son «otros»” 10 . 7  D IARIO DE S ESIONES DEL C ONGRESO DE LOS D IPUTADOS , Sesión plenaria 248, 26/06/2007, pp. 13289-13290; énfasis añadido por el autor. 8  Recientemente la prensa se ha hecho eco del Anteproyecto de reforma del Código Penal que el Gobierno ha elaborado. La propia vicepresidenta del Gobierno (María Teresa Fernández de la Vega), en su presentación ante los medios de comunicación, no ha tenido inconveniente en reconocer que dicho proyecto de reforma se debe en gran parte “a los acontecimientos que conmocionaron a la opinión pública” (véase la edición del diario El País  de 21 de noviembre de 2008). 9  G IMBERNAT O RDEIG , Prólogo a la novena edición del Código Penal , 2004. 10  M IR P UIG ,   en M IR P UIG /C ORCOY B IDASOLO  (dtores.)/C ARDENAL (coord.), Seguridad Vial y Derecho Penal , 2008, p. 16. Véase también M IR P UIG , en M IR P UIG /C ORCOY B IDASOLO  (dtores.)/G ÓMEZ M ARTÍN  (coord.), Política Criminal y reforma penal , 2007, p. 19: “[…] la opinión pública española, como la de otros muchos países, es ampliamente favorable a un tratamiento más contundente de la delincuencia ” (énfasis en el srcinal). En la doctrina penal española parece pues asumirse este “punitivismo ciudadano”, discutiéndose si se ha generado autónomamente o es más bien producto de la influencia de los medios de comunicación y del discurso político. En este sentido véase, por ejemplo, L LOBET A NGLÍ ,   InDret , 2007, p. 22: “[…] en nuestras sociedades actuales, la ciudadanía siente que necesita mayor protección frente a determinados peligros y, en lo que aquí interesa, frente a sujetos peligrosos, lo que conlleva un incremento en las actitudes punitivistas 5
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